El Congreso de la República aprobó en primera instancia los proyectos de ley 4431 y 6718, que modifican el Código Penal y la ley de rectificación, endureciendo las penas por difamación y reduciendo drásticamente los plazos para rectificación.
Estas reformas contemplan hasta 5 años de cárcel, multas equivalentes a 365 días de salario y la obligación de los medios audiovisuales de difundir rectificaciones durante tres días consecutivos. Además, el plazo para responder solicitudes de rectificación se reduce de siete a un día.
Diversos organismos internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), señalan que la criminalización del periodismo y el hostigamiento estatal se intensificaron, lo que podría afectar gravemente el acceso a la información.
La preocupación se centra en el impacto negativo que estas medidas podrían tener en la fiscalización del poder y en el contexto electoral de 2026, donde se teme que el control sobre la información se vea severamente limitado.
