En La Libertad, la atención pública se centró en el reciente concurso de plazas convocado por la Corte Superior de Justicia. Tras siete años de espera, se abrió la oportunidad para más de 66 puestos administrativos y judiciales, generando gran expectativa entre profesionales y trabajadores. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de polémicas y cuestionamientos que hoy se colocan en el ojo del debate.
¿Qué irregularidades denunció el sindicato en el concurso de plazas?
El sindicato de trabajadores, encabezado por César Rodríguez, participó como veedor en el proceso y señaló al menos ocho irregularidades. Entre ellas, la falta de tiempo para revisar las bases del concurso y la ausencia de participación sindical en la elaboración de directivas administrativas. Según el sindicato, esto vulneró el convenio colectivo firmado en julio, que establecía la posibilidad de realizar primero un concurso interno.
¿Hubo problemas en la elaboración de los exámenes?
El dirigente denunció que las pruebas presentaron errores graves, como preguntas duplicadas y otras sin encabezado. También cuestionó la capacidad de la comisión para elaborar exámenes de distintas especialidades sin apoyo técnico externo. Estas deficiencias, aseguró, generaron desconfianza entre los postulantes y pusieron en duda la transparencia del proceso.
¿Se filtraron preguntas en el proceso de selección?
Durante el concurso, la propia comisión reconoció en actas que no podía garantizar que las preguntas no hubieran sido filtradas. El sindicato considera que este hecho compromete la validez del proceso y abre la puerta a favoritismos. César Rodríguez advirtió que estos indicios reflejan problemas que no solo ocurren en La Libertad, sino también en otras cortes del país.
¿Qué acciones emprenderá el sindicato de trabajadores?
El sindicato solicitó la anulación del concurso y cuestionó la resolución de ganadores emitida el 26 de septiembre, que no fue notificada formalmente para permitir su impugnación. De persistir la situación, anunciaron que recurrirán a la vía judicial para exigir la nulidad del proceso y denunciar posibles irregularidades.
