En La Libertad, el clima político continúa agitado. Mientras el gobernador César Acuña disfruta de sus vacaciones, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar por presuntas irregularidades en millonarias licitaciones públicas. Todo se remonta a la adjudicación de dos obras por más de S/300 millones, ganadas por la empresa de una joven de tan solo 23 años. Las diligencias ya llegaron hasta la misma casa de gobierno regional, ubicada en Trujillo.

¿Qué investiga la fiscalía anticorrupción en la casa de gobierno?

El fiscal Henry Rufino Alzamora acudió personalmente a las instalaciones regionales para recabar información oficial sobre las visitas que recibió el gobernador. Estuvo más de una hora y media entrevistando al gerente de Imagen, con el objetivo de verificar si el padre de la empresaria, Juan Carlos Coca Rojas, se reunió con César Acuña antes de las adjudicaciones. La fiscalía busca determinar si existió alguna coordinación previa a las licitaciones ganadas por su hija.

¿Qué dicen los funcionarios del gobierno regional?

El gerente general Martín Namay defendió con firmeza a la autoridad regional. Afirmó que el día en cuestión, el 8 de marzo, no se registraron reuniones. Mostró un reporte de la PCM como respaldo. No obstante, el consejero regional Robert de la Cruz presentó datos del portal de transparencia del gobierno regional que indicarían lo contrario. Esta plataforma registra visitas manualmente y solo después de 15 días las digitaliza.

¿Qué irregularidades rodean a la empresa de Lucero Coca?

La empresa de Lucero Nicole Coca Condori, con apenas dos años en el rubro, forma parte del Consorcio Hospital Virú. En esta licitación participaron 55 empresas y solo dos llegaron a la final. Según De la Cruz, el consorcio no presentó la carta fianza, pero se acogió a otra modalidad que le permitió continuar. Para muchos, el resultado fue una cadena de “golpes de suerte”.

¿Cuántas obras más involucran a la familia Coca?

La segunda obra bajo sospecha es el mejoramiento de la autopista a Huanchaco, donde nuevamente la empresa de Lucero Coca figura como representante del consorcio. Funcionarios como Jorge Bringas y Martín Namay no respondieron cuántos contratos tiene el entorno familiar. Ante esta situación, el gobernador anunció acciones legales contra un dominical que expuso el caso, mientras las diligencias continúan su curso.