Una familia en la urbanización Santa Inés, en Trujillo, lo perdió todo la madrugada del lunes, cuando su vivienda colapsó parcialmente tras una serie de rajaduras y hundimientos atribuidos a las obras de la nueva sede del Gobierno Regional de La Libertad.
Según denunciaron los afectados en exclusiva a Sol TV, a la 1:30 a.m. escucharon un fuerte crujido y, en cuestión de segundos, paredes, pisos y estructuras del inmueble comenzaron a agrietarse, inclinándose hacia la zona donde se ejecuta la construcción de tres sótanos.
“No tuvimos opción, salimos corriendo. Felizmente escapamos antes de que las puertas se traben. Éramos cinco personas, entre ellas dos adultos mayores”, relató Lilian Ramírez, familiar de los propietarios. Hoy, todos duermen en la calle.
Los daños estructurales son evidentes: pisos desnivelados con separaciones de hasta 15 cm, paredes rajadas, columnas comprometidas, y muebles que han tenido que ser retirados de emergencia.
La familia denuncia que durante meses alertaron a los ingenieros de la obra sobre fisuras que iban apareciendo en su vivienda. “Nos dijeron que no pasaría nada. Incluso vinieron a pedir que derrumbáramos un baño por seguridad, lo hicimos por confianza, y ahora mira cómo está todo”, agregó Ramírez.
A pesar de que la empresa constructora —el Consorcio La Libertad— se presentó en el lugar para evacuar los enseres, sus representantes evitaron dar declaraciones y reaccionaron de forma hostil ante las cámaras. “¿Qué ocultan?”, se preguntaron los reporteros de Sol TV, único medio presente en el lugar.
Vecinos de la cuadra 6 de la calle Los Berilios también alertaron que otras viviendas presentan grietas y hundimientos. Incluso la pista se ha hundido en reiteradas ocasiones, pese a haber sido reparada.
Los afectados exigen una reubicación inmediata y que la constructora active la póliza de seguros correspondiente para reconstruir la vivienda dañada.
“Esto no es un favor. Es nuestro derecho. Aquí vivían personas mayores, es su único patrimonio”, reclamaron.
Mientras tanto, el informe de la Contraloría sobre las condiciones del terreno —identificado como zona de arena— recién estaría listo en mayo, y las familias siguen esperando que alguna autoridad se pronuncie.
