En los últimos tres años, la Amazonía peruana ha sido testigo de un preocupante incremento en la actividad de la minería ilegal, según revela una investigación conjunta de la iniciativa Unidos por los Bosques de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
El informe titulado «Minería ilegal en la Amazonía peruana» detalla que 22 ríos amazónicos se han visto gravemente afectados por esta actividad ilícita. Entre los cuerpos de agua perjudicados se encuentran el Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Inambari y Putumayo. El 91 % de los casos está relacionado con la extracción de oro, principalmente mediante la minería aluvial en los lechos de los ríos, empleando diversas dimensiones de dragas.
En un lapidario hallazgo, se identificaron 32 distritos amazónicos que han experimentado un aumento significativo en esta actividad ilegal durante los últimos tres años. Estos distritos se encuentran en las regiones de Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.
El informe también arroja luz sobre las conexiones entre la minería ilegal y otros delitos graves, como el narcotráfico, la tala ilegal y el crimen organizado. Además, se subraya el impacto negativo en la salud humana debido al contacto directo e indirecto con el mercurio utilizado en la minería ilegal, así como el aumento de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y la malaria.
El director de Unidos por los Bosques, Mariano Castro, advierte sobre las consecuencias devastadoras de esta creciente actividad ilícita en todas las regiones amazónicas. Desde el riesgo para las personas y la biodiversidad hasta la perturbación de la paz social y la gobernabilidad, Castro enfatiza la urgente necesidad de una intervención gubernamental integral para abordar esta crisis.
Además, los datos más recientes hasta julio de 2023 muestran que el proceso de formalización minera en las regiones amazónicas avanza de manera desalentadoramente lenta. Según el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el 80 % de los mineros inscritos están suspendidos debido a incumplimientos normativos.
Incluso después de 11 años desde el inicio del proceso de formalización, cuatro de los cinco requisitos necesarios presentan tasas de incumplimiento superiores al 97 %. Incluso en casos donde solo se requiere una declaración jurada, la falta de compromiso por parte de los mineros queda patente, lo que resalta la necesidad apremiante de abordar este proceso de formalización con mayor seriedad.
