En Trujillo y toda la región La Libertad, el cierre del 2025 dejó una sensación de alarma permanente por el avance de la violencia criminal. Los asesinatos en La Libertad marcaron la agenda diaria y expusieron una compleja red de delitos vinculados al sicariato y disputas ilegales. El recuento oficial registró 271 homicidios, una cifra que impactó a la ciudadanía y a las autoridades.
¿Cómo el tráfico de terrenos desató crímenes en Chicama?
Uno de los ejes más sensibles fue el tráfico de terrenos en Chicama, provincia de Ascope, donde varios asesinatos guardaron relación directa con disputas por predios. El crimen de Nolberto Vásquez y su hijo Jonny Vásquez Castañeda en el sector Soledad abrió una secuencia de hechos sangrientos que se extendió durante el año. Las investigaciones policiales señalaron la presencia de mafias organizadas que operaron con extrema violencia para imponer control territorial.
¿Por qué autoridades y funcionarios también fueron blanco?
La violencia no distinguió cargos ni funciones públicas, como ocurrió con el asesinato del juez de paz Víctor Hugo López de la Cruz, acribillado dentro de su despacho en Chicama. Meses después, la regidora Elena Rojas murió tras un ataque armado durante un evento navideño en Sausal, dejando además a seis menores heridos. Estos casos evidenciaron el nivel de riesgo que alcanzó la criminalidad organizada.
¿Qué revelaron los casos ligados a mafias y ajustes de cuentas?
Las pesquisas también incluyeron homicidios vinculados a presuntos ajustes de cuentas, como el de Sergio Bolaños Sarmiento, relacionado con organizaciones criminales y un atentado explosivo en la avenida Perú. En otros hechos, la violencia alcanzó a ciudadanos sin antecedentes, como el padre de familia asesinado cerca de la municipalidad de El Porvenir. La criminalidad mostró un patrón impredecible que sembró temor en espacios públicos y familiares.
¿Qué balance dejó el 2025 en La Libertad?
El asesinato del periodista Fernando Núñez Guevara y el crimen del joven Sebastián Cabeza Castañeda reforzaron la percepción de inseguridad generalizada. Pese a que la cifra final fue seis casos menor que en 2024, el impacto social resultó profundo. Las familias de las víctimas exigieron justicia mientras la región cerró el año con uno de los periodos más violentos de su historia reciente.
