La regidora Johana Alayo denunció amenazas de muerte en el distrito de El Porvenir, un hecho que generó preocupación entre vecinos y autoridades. En medio de operativos y revisiones municipales, la concejal explicó que su labor de fiscalización sobre un predio ligado a la Ugel motivó presiones y mensajes intimidatorios. La denuncia surgió en un contexto de conflictos por terrenos que se repiten en la ciudad.
¿Por qué la fiscalización de predios generó amenazas?
La regidora indicó que investigó la presunta invasión de un predio estatal donde algunos ciudadanos presentaron certificados de posesión y comprobantes municipales. Alayo cuestionó la validez de esos documentos y pidió que áreas como Desarrollo Urbano, Obras y Procuraduría expliquen la emisión de certificados. Según la autoridad, la revisión de estos trámites provocó las amenazas.
¿Qué irregularidades detectó la regidora en los certificados?
Alayo señaló que personas mostraron documentos que acreditarían posesión del terreno y pagos municipales, lo que generó dudas sobre su legalidad. La concejal pidió sustento público a funcionarios de Tributación para aclarar cobros realizados. La regidora sostuvo que la transparencia es clave para evitar nuevos conflictos por terrenos.
¿Cómo reaccionó la autoridad ante las intimidaciones?
Pese al temor, Alayo afirmó que continuará con su labor fiscalizadora hasta el final de su gestión en 2026. Indicó que las intimidaciones no fueron nuevas y que ya ocurrieron en anteriores procesos de control. La regidora solicitó garantías para su seguridad y la de su familia ante el riesgo denunciado.
¿Qué impacto genera este caso en El Porvenir?
Vecinos y dirigentes expresaron preocupación por la seguridad de autoridades que investigan presuntas irregularidades. El caso puso en agenda la necesidad de fortalecer la fiscalización y proteger a funcionarios que denuncian presiones. El conflicto reavivó el debate sobre invasiones de terrenos y control municipal en el distrito.
