Álvaro Cubas, economista del Consejo Privado de Competitividad (CPC), cuestionó la gestión de la inversión pública y señaló que el problema no solo está en los recursos que no se ejecutan, sino también en cómo se utilizan los fondos disponibles. Explicó que durante el año se producen modificaciones presupuestarias, se incorporan recursos y se demandan mayores montos, pero pese a ello muchas entidades no logran ejecutar todo su presupuesto. “A pesar de que hay recursos, estos no se ejecutan en su totalidad y, si se ejecuta, viene el análisis de la calidad del gasto”, sostuvo. En el caso de La Libertad, señaló que la región se encuentra “muy rezagada” en el avance del presupuesto.
Cubas advirtió que esta situación genera un doble problema: recursos que no se gastan y recursos que, aun siendo ejecutados, no necesariamente se destinan a proyectos prioritarios. Señaló que la proliferación de pequeños proyectos genera una cartera amplia que luego resulta difícil de gestionar y cerrar. “Cuando un proyecto no se cierra es cuando no se refleja en la mejora de la ciudadanía”, afirmó. Como ejemplo, mencionó obras que permanecen durante 10 o 15 años sin concluir, mientras los recursos continúan destinándose a proyectos que no logran concretarse.
El economista también señaló que la falta de prevención incrementa el costo de las intervenciones posteriores y cuestionó el impacto que tienen las paralizaciones y la corrupción sobre la inversión pública. “La corrupción es uno de los factores que termina mermando considerablemente la inversión pública”, sostuvo. Explicó que cuando un proyecto paralizado finalmente se reactiva, debe actualizar sus precios y termina costando más sin necesariamente tener un mayor alcance: “Va a costar más, demandar más presión fiscal”, afirmó.
