El penal de Huaraz fue escenario de un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades dentro del establecimiento penitenciario. La intervención incluyó diligencias en celdas, oficinas administrativas y otros ambientes utilizados por trabajadores del INPE.
¿Qué encontró la Fiscalía durante el allanamiento del penal de Huaraz?
Durante la intervención, que se prolongó por aproximadamente 18 horas, agentes policiales realizaron registros con apoyo de perros especializados para detectar sustancias ilícitas. Las autoridades informaron que encontraron sustancias ilícitas y objetos prohibidos en diferentes áreas del establecimiento. Las diligencias también comprendieron espacios destinados al personal penitenciario.
¿Por qué la Fiscalía investigó a trabajadores del INPE?
La investigación del Ministerio Público se originó a partir de denuncias relacionadas con presuntas torturas y cobros indebidos que involucrarían a trabajadores penitenciarios. De acuerdo con la fiscal de Derechos Humanos, Ada Príncipe, durante el allanamiento se encontraron documentos que podrían aportar información sobre supuestos pagos exigidos a internos. La Fiscalía busca determinar si estos documentos respaldan las denuncias formuladas por los reclusos.
¿Qué ocurrió con el director y el personal del penal?
Durante el operativo, el director del penal no se encontraba en las instalaciones, debido a que, según la información proporcionada por la Fiscalía, habría salido minutos antes de la intervención. Asimismo, se reportó que parte del personal del INPE intentó impedir el desarrollo de las diligencias fiscales y policiales.
¿Cómo podrían influir las denuncias en las requisas del penal?
El jefe encargado de la Región Policial Áncash, coronel Javier Mori, señaló que las presuntas irregularidades dentro del personal penitenciario podrían estar relacionadas con las dificultades registradas durante anteriores requisas. La documentación y los objetos incautados serán evaluados por el Ministerio Público para establecer posibles responsabilidades. La investigación continuará para determinar si existieron cobros ilegales y actos de violencia contra internos que no accedieron a supuestos requerimientos.
