La viabilidad de las alianzas electorales para las próximas elecciones generales se encuentra en un punto crítico debido a la demora en su formalización y al riesgo legal que enfrentan en la etapa de inscripción. Según Silvia Guevara Pérez, abogada especializada en derecho electoral, cinco alianzas integradas por apenas 11 partidos han presentado solicitudes en el límite del plazo, lo que genera una alta probabilidad de que no logren inscribirse antes del 1 de septiembre, fecha establecida como corte legal para ser reconocidas como participantes válidas en el proceso electoral.
Guevara remarcó que el solo acto de presentar la solicitud no implica una inscripción automática, ya que estas deben ser previamente calificadas, inscritas y eventualmente sometidas al proceso de tachas, una etapa que ha demostrado ser determinante en procesos anteriores.
El escenario se torna más complejo al considerar el uso estratégico de las tachas como mecanismo para obstaculizar la inscripción de alianzas, incluso sin fundamento jurídico sólido. Guevara advierte que existe un patrón reciente de “tachas maliciosas” —presentadas con el único fin de dilatar o bloquear inscripciones—, lo que ya provocó que tres organizaciones políticas quedaran fuera del proceso en abril.
Esta práctica, aunque legal, evidencia vacíos normativos y falta de garantías procesales en la etapa de calificación de alianzas. Con 43 partidos en el sistema y solo cinco alianzas en curso, el proceso se perfila como altamente fragmentado, incierto y vulnerable a maniobras que podrían redefinir el mapa electoral antes incluso del inicio de la campaña. La ausencia de reglas claras y de plazos razonables para garantizar una competencia equitativa amenaza con debilitar la credibilidad institucional del sistema electoral.
