En medio del clima de tensión que atraviesa La Libertad, la detención del alcalde de Pataz durante su marcha conocida como “de sacrificio” generó un fuerte impacto en la opinión pública. El arresto se produjo en Nuevo Chimbote, cuando la autoridad local participaba en una movilización acompañado de dirigentes y ronderos campesinos. El hecho encendió la indignación de parte de la población y abrió el debate sobre los límites de la protesta social y el actuar policial.

¿Por qué fue detenido el alcalde de Pataz?

El alcalde Carlos Alos Mariño fue intervenido por la policía en circunstancias que aún no fueron esclarecidas. Según testigos, no existía una orden judicial visible ni un delito flagrante que justificara la medida. La detención provocó reclamos inmediatos de dirigentes sociales, quienes exigieron conocer las razones legales de la intervención. La incertidumbre aumentó debido a que la marcha tenía como objetivo visibilizar demandas históricas de la provincia.
Un grupo de ronderos campesinos acompañaba al alcalde en la movilización. Ellos denunciaron que también fueron intervenidos, con un saldo de al menos 17 detenidos. Los ronderos, reconocidos como una de las principales organizaciones de vigilancia comunal, aseguraron que su participación era pacífica y que la medida policial representaba un atropello contra sus derechos.

¿Qué reclamos motivaron la marcha de sacrificio?

La movilización buscaba exigir avances en proyectos de infraestructura como el hospital de Pataz y la mejora de la carretera de acceso. Líderes sociales indicaron que llevan más de una década solicitando estas obras sin respuestas concretas. Además, señalaron que los encuentros con autoridades en Lima no arrojaron compromisos firmes, lo que los llevó a organizar esta marcha de sacrificio como medida de presión.

¿Cuál es la situación de seguridad en Pataz?

La provincia de Pataz permanece en estado de emergencia por la presencia de organizaciones criminales y conflictos mineros. Los ronderos y dirigentes denunciaron que la presencia policial y militar prioriza la seguridad de las empresas mineras y no de la población. Según ellos, continúan los asesinatos y hechos violentos sin medidas efectivas de protección para las comunidades.