La ciudad de Trujillo inicia el año con una intensa actividad empresarial marcada por nuevas exigencias normativas. En este contexto, la agenda laboral 2026 se perfila como uno de los principales retos para los empleadores, debido al incremento de la fiscalización laboral y a la mayor atención de Sunafil en sectores productivos clave de la región. Las obligaciones laborales impactan directamente en la gestión y sostenibilidad de las empresas locales.
¿Por qué Sunafil intensificó la fiscalización laboral en regiones?
Durante el último periodo, Sunafil concentró sus inspecciones en temas de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en actividades como agricultura, minería e industria. El especialista César Puntriano, profesor de ESAN Business Law, explicó que las empresas deben garantizar condiciones seguras para su personal, incluyendo equipos de protección personal y exámenes médicos ocupacionales. Estas acciones buscan reducir riesgos laborales y prevenir sanciones administrativas.
¿Cómo impacta la seguridad laboral en la rentabilidad empresarial?
Invertir en seguridad y salud en el trabajo no solo implica un ajuste presupuestal, sino una medida preventiva frente a accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. Puntriano advirtió que la falta de prevención genera pérdidas económicas y reduce la productividad. Un entorno laboral inseguro afecta directamente el rendimiento y los resultados anuales de las compañías.
¿Qué exige la agenda laboral 2026 sobre equidad salarial?
Otro eje central de la agenda laboral 2026 es la equidad salarial. Las empresas deben implementar bandas y escalas remunerativas que aseguren pagos justos según funciones, experiencia y calificaciones. Trabajadores con el mismo cargo y responsabilidades deben percibir remuneraciones similares, evitando decisiones arbitrarias.
¿Cómo detecta Sunafil incumplimientos salariales?
La entidad supervisora accede a la planilla electrónica, lo que le permite identificar diferencias salariales injustificadas. Además, recibe denuncias virtuales y envía cartas inductivas a las empresas para verificar el cumplimiento normativo. Responder estas comunicaciones resulta clave para evitar inspecciones más rigurosas.
