En Trujillo, la lucha contra la extorsión y otros delitos violentos volvió a poner en debate las nuevas disposiciones del Código Penal. El Ejecutivo promulgó los decretos legislativos 1743 y 1744, que introdujeron modificaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, la responsabilidad penal y la protección de las personas frente a situaciones de violencia. Una de las medidas establece penas de entre 10 y 15 años de prisión para quienes presten sus cuentas bancarias o billeteras digitales para recibir dinero proveniente de extorsiones.
¿Qué pena establece la norma por prestar una billetera digital?
El exfiscal y abogado Alfredo Galindo explicó que facilitar una cuenta bancaria o una billetera digital para recibir dinero producto de una extorsión puede generar consecuencias penales graves. La disposición busca alcanzar no solamente a quienes ejecutan directamente las amenazas o cobran los cupos extorsivos, sino también a las personas que colaboran con el movimiento de los recursos obtenidos mediante estas actividades criminales. Las penas contempladas van de 10 a 15 años de prisión, por lo que prestar estos servicios financieros puede involucrar a una persona en una investigación penal.
¿Por qué existe preocupación por las nuevas penas?
La modificación también generó cuestionamientos entre quienes consideran que una persona podría recibir una sanción desproporcionada si facilita sus datos financieros sin conocer el origen ilícito del dinero. En ese sentido, Galindo abordó las preocupaciones relacionadas con la posibilidad de que alguien enfrente una condena similar a la de un extorsionador, pese a que las circunstancias de su participación podrían ser distintas. El debate se centra en cómo se determinará la responsabilidad de quienes faciliten sus cuentas y en la necesidad de diferenciar la colaboración delictiva de otras circunstancias.
¿Qué otros delitos contempla el Decreto Legislativo 1744?
El Decreto Legislativo 1744 también modificó el Código Penal para incrementar las sanciones relacionadas con diferentes delitos violentos. Entre las conductas comprendidas figuran el sicariato, los robos agravados y los secuestros, considerados parte de las principales amenazas para la seguridad ciudadana. Estas modificaciones forman parte de las medidas impulsadas por el Ejecutivo para fortalecer la respuesta del sistema penal frente a las organizaciones criminales y reducir sus fuentes de financiamiento, así como las actividades que permiten su funcionamiento.
¿Cómo cambia la legítima defensa con el Decreto Legislativo 1743?
Por otro lado, el Decreto Legislativo 1743 introdujo modificaciones relacionadas con la legítima defensa y la evaluación de la conducta de una persona que responde ante una agresión. La norma establece una presunción de racionalidad en el ejercicio de la defensa frente a un ataque, considerando las circunstancias en las que se produjo la reacción para proteger la propia vida, la de terceros o los bienes. Con estos cambios, el Ejecutivo buscó reducir las dificultades que enfrentan las víctimas cuando recurren a la legítima defensa y evitar que deban afrontar un prolongado desgaste judicial por protegerse de una agresión.
