Las contrataciones en el Congreso volvieron a generar cuestionamientos entre los representantes de distintas bancadas, luego de conocerse que Juntos por el Perú incorporó a familiares de agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que custodian al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo. El caso provocó reacciones de parlamentarios y abrió el debate sobre posibles conflictos de interés en el Legislativo. La Comisión de Ética podría intervenir para determinar si existieron irregularidades en estas incorporaciones.
¿Qué medidas anunció Juntos por el Perú tras la denuncia?
El vocero de Juntos por el Perú, Ernesto Zúñini, se pronunció a través de las redes sociales y anunció la adopción de acciones inmediatas luego de conocerse la denuncia pública. Sin embargo, el pronunciamiento no consiguió el respaldo de todos los integrantes de su agrupación, pues el senador Humberto Morales, también integrante de la bancada, cuestionó la postura expresada por su compañero. Esta discrepancia evidenció diferencias internas frente a la controversia por las contrataciones.
¿Por qué la Comisión de Ética podría investigar el caso?
La diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, sostuvo que los hechos podrían ser puestos en conocimiento de la Comisión de Ética del Congreso para evaluar las posibles responsabilidades de los parlamentarios involucrados. La legisladora consideró que corresponde examinar las circunstancias en las que se realizaron las contrataciones y determinar si estas se ajustaron a las disposiciones que regulan el ejercicio de la función parlamentaria. La eventual investigación permitiría establecer si las incorporaciones vulneraron las normas de conducta exigidas a los representantes.
¿Qué dijo el presidente de la Comisión de Ética?
Por su parte, el presidente de la Comisión de Ética, Henry Albañil, señaló que el caso será investigado con respeto a los procedimientos constitucionales. Su pronunciamiento se produjo luego de que representantes de diferentes agrupaciones políticas expresaran su preocupación por la denuncia. El proceso deberá considerar los elementos disponibles y las explicaciones de los involucrados antes de establecer eventuales responsabilidades.
¿Qué podría pasar con los parlamentarios involucrados?
El caso permanece bajo cuestionamiento político y genera expectativa sobre las acciones que adoptarán los órganos competentes del Parlamento. De acuerdo con lo señalado por los legisladores, corresponderá determinar si las contrataciones guardaron relación con algún beneficio indebido o si existieron infracciones a las normas internas del Congreso. Si se comprueban responsabilidades, los parlamentarios implicados podrían afrontar las sanciones que correspondan conforme al reglamento y al debido procedimiento.
