La Libertad enfrenta nuevamente cuestionamientos en la gestión pública tras revelarse presuntas irregularidades en un consorcio contratado para ejecutar obras de gran envergadura. La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza, confirmó que las notificaciones a la empresa fueron enviadas a direcciones inexistentes, lo que genera sospechas sobre intentos de dilatar los procesos. El caso abre un nuevo debate sobre la transparencia y la vigilancia ciudadana en los proyectos regionales.
¿Qué pasó con las notificaciones al consorcio?
La funcionaria indicó que el consejo notificó en dos oportunidades al consorcio Vía Huanchaco, pero las direcciones consignadas no correspondían a ninguna oficina. En el lugar solo vivían familias que desconocían por completo la existencia de la empresa. Este hallazgo evidenció un posible “invento” de domicilios en los expedientes técnicos.
¿Cómo reacciona el Consejo Regional de La Libertad?
Según Carranza, ahora las citaciones se dirigirán a los domicilios reales de los representantes, verificados en RENIEC. Con ello buscan evitar maniobras que retrasen las investigaciones. La consejera alertó que el silencio de los responsables solo favorece la continuación de trabajos bajo cuestionamientos.
¿Existen indicios de corrupción en este caso?
Carranza fue enfática: “definitivamente hay corrupción”. Sin embargo, aclaró que el Consejo Regional carece de facultades para imponer sanciones, limitándose a remitir la documentación a la Fiscalía y al órgano de control interno. Pese a ello, la autoridad pidió procesos disciplinarios firmes para evitar que funcionarios implicados continúen en otras entidades.
¿Qué otros problemas enfrenta el Consejo Regional?
Además del caso del consorcio, el consejo abordó la vacancia de una consejera de Pacasmayo, dejando a la provincia sin representación. También se discutió la demora del Jurado Nacional de Elecciones en entregar credenciales pendientes y las dudas sobre adquisiciones de camionetas para el gobierno regional.
