Ante los últimos motines ocurridos en el Centro de Rehabilitación Juvenil de Trujillo y la crítica situación de los otros ocho locales en otras regiones del país, la Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de declarar en emergencia el sistema de reinserción social de los adolescentes infractores.
En los nueve centros juveniles existentes 2088 internos generando hacinamiento, pues la capacidad es de 1665 plazas. La sobrepoblación alcanza el 25.4% generando un impacto negativo en el funcionamiento de los programas de tratamiento al adolescente y dificultando el proceso de resocialización.
Además, la infraestructura de los centros juveniles supera en promedio, los 50 años de construcción. Los servicios básicos son deficientes, lo que pone en grave riesgo a los adolescentes internos, trabajadores y visitas.
Finalmente se recomendó aplicar el nuevo Modelo de Tratamiento Diferenciado del Adolescente y que entre en vigencia el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su reglamento, de igual manera que se implemente el Programa Nacional de Centros Juveniles.
