La ciudad de Trujillo enfrenta una crisis marcada por el avance del crimen organizado. El alcalde provincial, Mario Reyna, viajó a Lima junto con otros burgomaestres y el gobernador César Acuña para reunirse con ministros, en busca de soluciones inmediatas. Sin embargo, las conclusiones dejaron más dudas que certezas entre la población. El alcalde criticó la falta de respuestas concretas y pidió un régimen especial de procesamiento para las bandas criminales.
¿Qué planteó el alcalde Mario Reina en Lima?
Durante el encuentro, el alcalde solicitó al Gobierno implementar un régimen procesal rápido y con protección a jueces y fiscales. Aseguró que las bandas han infiltrado con dinero ilícito al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Según Reyna, con el sistema actual los delincuentes terminan liberados o siguen delinquiendo desde las cárceles.
¿Se aprobó un toque de queda en Trujillo?
En la reunión se discutió la posibilidad de un toque de queda. El alcalde señaló que hubo aceptación parcial, pero aclaró que aún falta definir horarios para no afectar la economía. Recalcó que la medida no es su objetivo principal, sino el establecimiento de un régimen especial contra los criminales.
¿Qué riesgos enfrenta la ciudad con el crimen organizado?
El burgomaestre advirtió que las organizaciones criminales han corrompido diversas instituciones públicas. Denunció que incluso desde las cárceles los delincuentes coordinan extorsiones y otros delitos.
¿Qué medidas inmediatas se lograron tras la reunión?
Según Mario Reyna, lo más concreto fue el financiamiento a algunos municipios para fortalecer sistemas de videovigilancia. Sin embargo, insistió en que estas medidas son insuficientes sin un cambio procesal profundo. Subrayó que las fuerzas armadas podrían contribuir, pero no reemplazar a la Policía en las calles.
¿Cuál es el mensaje final del alcalde a la población?
El alcalde de Trujillo afirmó que el Gobierno central no enfrenta de manera decidida al crimen organizado. Para él, la solución pasa por un régimen especial, encarcelamientos efectivos e incomunicados, y un trabajo coordinado en todos los niveles del Estado.
