En La Libertad, región duramente golpeada por la pobreza y la minería ilegal, el delito de trata de personas sigue extendiéndose sin que las autoridades tomen acciones firmes. Ximena Veneros, abogada especializada y activista, alertó en una entrevista sobre la ausencia de políticas públicas reales para combatir esta problemática, especialmente en zonas vulnerables como Pataz.
¿Qué explicó Ximena Veneros sobre el marco legal vigente?
Según Veneros, el artículo 129A del Código Penal sanciona con 8 a 15 años de prisión la captación y explotación de personas, con agravantes si las víctimas son menores. Indicó que existen más de 10 artículos que desarrollan el tema, pero en la práctica las penas no se aplican con contundencia.
¿Por qué no se aplican políticas públicas efectivas?
La especialista remarcó que el problema no es legal, sino político. “Falta voluntad de nuestras autoridades para actuar”, dijo. En regiones como La Libertad, Cusco o Puno, la pobreza extrema y la falta de servicios básicos incrementan el riesgo de captación de víctimas.
¿Cómo influye la corrupción y el abandono estatal?
La abogada criticó duramente el rol del Estado. Aseguró que mientras los niños reciben comida podrida en colegios públicos y los centros educativos colapsan, los funcionarios priorizan intereses personales. Este abandono estructural facilita el avance de redes de trata y explotación.
¿Qué medidas urgentes deben tomarse según Veneros?
Citó el Protocolo de Palermo, instrumento de la ONU, como modelo para crear políticas integrales. También recomendó vigilancia digital, pues muchas víctimas son captadas por redes sociales. Recalcó la importancia de denunciar e investigar ofertas laborales sospechosas, especialmente dirigidas a jóvenes.
