El Reinfo no solo funciona como un registro administrativo para la minería informal, sino que se ha convertido en un mecanismo que facilita el ingreso de recursos de origen irregular a la política, especialmente en periodos electorales, advirtió el abogado experto en temas mineros Rasul Camborda.
Al permitir la comercialización de minerales sin permisos, concesión ni estudios ambientales, el sistema genera flujos económicos que, según explicó, “terminan alimentando campañas”. En ese contexto, alertó: “Tenemos dinero de la minería informal o ilegal en campaña”, al señalar que el registro ha operado como una “pantalla para habilitar la comercialización de un mineral que es extraído sin cumplir los requerimientos”.
Camborda sostuvo que el Congreso ha optado reiteradamente por prorrogar plazos sin cumplir su responsabilidad de crear un marco legal adecuado para la pequeña minería y la minería artesanal. “Lo que se hace hoy es lo que se ha hecho el año pasado, en 2023, en 2021: una nueva prórroga”, señaló, y subrayó que el Reinfo “encubre a mineros informales, muchos de ellos ligados a actividades criminales”. Si bien aclaró que el registro nació como un mecanismo para quienes declaraban su intención de formalizarse, alertó que en la práctica “muchas de estas personas ni hacían actividad minera ni han hecho las tareas necesarias para formalizarse”.
Camborda sostuvo que la relación entre el Reinfo y la política se ha profundizado y ya no se limita al financiamiento indirecto. “Muchos de estos mineros informales ya no están queriendo financiar candidatos, sino que ellos mismos están yendo como candidatos”, afirmó, describiendo un tránsito directo desde la actividad minera irregular hacia la competencia electoral. Según indicó, esta dinámica permite que actores vinculados a la minería informal se integren a organizaciones políticas con el objetivo de alcanzar representación parlamentaria e influir en decisiones legislativas.
En ese escenario, el especialista describió al Reinfo como una pieza clave de un círculo político-económico que se retroalimenta: la prórroga permanente del sistema permite la continuidad de la actividad informal, esta genera recursos económicos y dichos recursos se transforman en poder político. “Es probable que la minería ilegal tenga también directamente sus representantes en el Congreso”, advirtió Camborda, al señalar que el país enfrenta un riesgo institucional comparable al que en procesos electorales anteriores fue identificado como la presencia de “narco bancadas” en el Legislativo.
