El gobierno peruano ha implementado severas sanciones contra aquellos que bloqueen carreteras o dañen la propiedad pública. Con penas de hasta 15 años, esta medida busca contener las movilizaciones y protestas que afectan la infraestructura y los derechos de los ciudadanos.
Estas nuevas penas plantean un desafío a la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Aunque el bloqueo de carreteras y daños a la propiedad son delitos, la proporcionalidad y coherencia de estas sanciones extremas son motivo de debate.
Contexto de las Nuevas Medidas
Las medidas se enmarcan en un contexto de incremento de la delincuencia y desafíos en la gestión gubernamental. Sin embargo, Pedro Cateriano, ex presidente del Consejo de Ministros, cuestiona la efectividad de simplemente aumentar las penas sin abordar problemas subyacentes como el hacinamiento carcelario y la falta de infraestructura penitenciaria adecuada.
