El paro anunciado por la Asociación Regional de Carboneros de La Libertad ha encendido las alarmas en el sector de la pequeña minería y la minería artesanal. Este cese de actividades, liderado por el asesor Adolfo Valverde, plantea serias preocupaciones para más de 750 productores de carbón de piedra antracita que operan legalmente bajo los decretos legislativos 1105 y 1293.
Su impacto va más allá de la producción, afectando directamente al sector transporte y, con ello, a la economía regional.
Regulaciones Duplicadas: La Chispa del Conflicto
La aplicación de la ordenanza regional 11222 y su decreto regional 03223 ha sido la gota que derramó el vaso, desencadenando el paro.
Estas normativas introducen sanciones administrativas adicionales que, según los productores, duplican las ya establecidas a nivel nacional, como el decreto supremo 07-2009 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Este escenario de sobrerregulación ha sido rechazado por los carboneros, al considerar que vulnera las condiciones actuales de comercialización y transporte del mineral, poniendo en riesgo su sustento.
Comercialización de Minerales: Libre pero Restringida
El conflicto se intensifica al abordar la comercialización de minerales, que debería ser libre tanto interna como externamente, conforme al texto único ordenado de la Ley general de minería.
Los carboneros argumentan que la nueva normativa regional impone condiciones adicionales a las ya definidas, contraviniendo la norma de que el único requisito es que el comprador esté en la capacidad de adquirir el mineral.
