En Trujillo, el panorama político vuelve a agitarse tras conocerse que Óscar Acuña Peralta, hermano del fundador de Alianza para el Progreso (APP), no participará en el proceso electoral 2026. La Dirección Ejecutiva Nacional del partido anunció su exclusión luego de difundirse un informe periodístico que lo vinculó con el empresario Nilo Burga, expresidente de Frigoinca, investigada por intoxicación de escolares. El caso generó fuertes reacciones dentro del partido, especialmente desde La Libertad, región donde Acuña tiene importante influencia política.
¿Por qué Óscar Acuña fue separado de Alianza para el Progreso?
El informe de *Punto Final* reveló que Acuña Peralta habría recibido 77 mil soles de Nilo Burga, lo que desató sospechas sobre presuntos actos irregulares. El propio dirigente reconoció la entrega de dinero, aunque sostuvo que fue un préstamo personal de 20 mil soles que —según dijo— devolvió antes del fallecimiento del empresario. La versión generó dudas entre los militantes y obligó a la dirigencia nacional a iniciar una investigación interna.
¿Qué dijo el alcalde Mario Reyna sobre el caso?
Uno de los primeros en pedir la separación de Óscar Acuña fue el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, quien también milita en APP. En declaraciones a la prensa, sostuvo que la corrupción no puede tolerarse dentro de ninguna organización política. Además, señaló que este tipo de hechos afectan la credibilidad del partido y debilitan la confianza ciudadana.
¿Cómo busca APP limpiar su imagen tras el escándalo?
La Dirección Ejecutiva Nacional de APP difundió su comunicado tres días después del informe periodístico. En el documento, la organización prometió investigar internamente lo ocurrido y aplicar sanciones si se confirman responsabilidades. La medida busca frenar el daño reputacional en medio de la preparación para los comicios del 2026.
¿Existen otros casos cuestionados dentro del partido?
El alcalde Mario Reyna recordó que no todos los militantes enfrentaron el mismo trato ante denuncias de corrupción. Mencionó el caso de la congresista Magaly Ruiz, acusada de la presunta práctica de “mocha sueldo”, quien continúa activa en el partido. La situación, según indicó, evidencia la necesidad de aplicar criterios uniformes de sanción dentro de Alianza para el Progreso.
