En Lima, el Gobierno implementó un nuevo régimen carcelario para internos de alta peligrosidad recluidos en el penal de Ancón I. Este plan busca reforzar la disciplina y seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios del país, en medio de una creciente preocupación ciudadana por el control de bandas criminales desde las cárceles. El primer grupo de 45 reos fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y en presencia del presidente de la República, José Jerí.
¿Cómo será el nuevo régimen carcelario en Ancón?
El Ministerio de Justicia dispuso que los internos cumplan un régimen severo que incluye el uso obligatorio de uniformes, el corte de cabello y la prohibición de poseer objetos personales. Walter Martínez Laura, titular del sector, explicó que estas acciones buscan restablecer la autoridad del Estado dentro de los penales. Además, se implementará un “apagón eléctrico” para restringir el uso de dispositivos electrónicos y evitar la comunicación con el exterior.
¿A quiénes se aplica esta medida?
El traslado involucró a 45 internos considerados de alta peligrosidad, condenados por delitos de sicariato, extorsión y secuestro. De ellos, 15 provienen del penal Castro Castro y 30 del mismo penal de Ancón. Las penas que cumplen van desde los 18 hasta más de 30 años de prisión. Según el Ministerio, esta población representa uno de los mayores riesgos para la seguridad interna del sistema penitenciario.
¿Qué condiciones tiene el nuevo pabellón?
El pabellón fue especialmente acondicionado para albergar hasta 168 reclusos bajo vigilancia constante y control riguroso. Las instalaciones cuentan con cámaras de seguridad y medidas tecnológicas que permitirán monitorear cada movimiento de los internos. Las autoridades destacaron que esta área busca ser un modelo de disciplina, control y respeto a las normas penitenciarias.
¿Se inspira este régimen en el modelo salvadoreño?
El ministro Walter Martínez Laura negó que el Perú esté replicando el sistema penitenciario impulsado por Nayib Bukele en El Salvador. Aclaró que las medidas adoptadas responden a la realidad nacional y priorizan los derechos humanos de los reclusos. Aun así, el anuncio ha generado debate público sobre la dureza del nuevo régimen y su efectividad frente al crimen organizado que opera desde las cárceles.
