En medio del clima político tenso en la provincia de Ascope, un hecho llamó la atención de la opinión pública. El alcalde de Casa Grande, Jhon Vargas, se encontraba en su tercer día de huelga de hambre cuando recibió una llamada del ministro de Transportes. El motivo de su protesta era la negativa de la alcaldesa provincial a permitir que el servicio de agua y desagüe sea administrado por SEDALIB, empresa que opera en gran parte de La Libertad.
¿Por qué llamó el ministro de Transportes a Jhon Vargas?
La llamada del ministro ocurrió el 31 de mayo, cuando una representante de la Defensoría del Pueblo acudió a verificar la salud del alcalde. En esa conversación, el ministro pidió a Vargas que levante su medida y le ofreció que su expediente técnico sea admitido en el Ministerio de Vivienda, un sector distinto al que él dirige. Este hecho generó sospechas y críticas por una posible intromisión ministerial fuera de su competencia.
¿Qué dijo el alcalde sobre la polémica llamada?
Para Jhon Vargas, la intervención del ministro representa un avance significativo en su gestión. Señaló que su objetivo siempre fue lograr la mejora de servicios básicos para Casa Grande y que la llamada demuestra voluntad del Ejecutivo para apoyar el desarrollo local. Pidió también una reunión con la presidenta de la República para explicar el proyecto con mayor detalle.
¿Los opositores consideran tráfico de influencias?
No todos vieron con buenos ojos la comunicación entre ambas autoridades. Críticos del alcalde y del gobierno central acusaron al ministro de ejercer tráfico de influencias al intervenir en una decisión de otro sector. La oposición denunció que se estaría usando el poder del Estado para favorecer una gestión local, con fines políticos. Las acusaciones han abierto un nuevo debate sobre los límites del poder y la transparencia en las decisiones del Ejecutivo.
¿Qué opinan los vecinos sobre la incorporación a SEDALIB?
La propuesta de incorporar el servicio de agua a SEDALIB también dividió opiniones entre los habitantes de Casa Grande. Algunos vecinos apoyan el cambio, pues consideran que mejorará la calidad del servicio. Sin embargo, otros temen que esto encarezca los recibos o genere nuevas dificultades administrativas. La medida sigue siendo evaluada por las autoridades, mientras el debate social continúa.
