El analista político y experto en temas mineros, Iván Arenas, cuestionó con firmeza el rol que han cumplido las autoridades regionales en el proceso de formalización minera. Recordó que “la formalización era básicamente una competencia de las direcciones regionales de minería que están en las manos de los gobiernos regionales”, específicamente bajo la influencia de “los señores gobernadores, pero no tuvieron “la más mínima intención, pertinencia o decisión de poder formalizarlos”. A su juicio, el manejo regional no solo evidenció omisiones, sino que contribuyó directamente al deterioro del sector. “Al contrario, han ayudado a la informalidad”, afirmó, al señalar que esta permisividad consolidó un escenario propicio para el avance de actividades ilegales.
En esa línea, advirtió que “APP es un partido que ha facilitado el crecimiento de la minería informal y la minería ilegal en La Libertad”, permitiendo que estas prácticas alcancen “el auge que nunca tuvieron” en años anteriores. “Se convirtieron en sus defensores, protectores, promotores”.
También enfatizó que los efectos de esta situación trascienden el ámbito extractivo y repercuten directamente en la seguridad ciudadana. Explicó que la expansión de la minería informal e ilegal “afecta básicamente a cualquier persona”, y se vincula con el “auge de bandas criminales, con el auge de inseguridad, de extorsiones y de delincuencia”.
Por ello, concluyó que la actuación política de los últimos años ha “hecho mucho daño a La Libertad”, al permitir la consolidación de estructuras ilícitas que hoy afectan de manera transversal a la región.
El pronunciamiento de Arenas ocurre en un contexto marcado por nuevas decisiones legislativas. Este jueves, el Congreso aprobó en primera votación, la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.
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