En medio de una creciente preocupación por la inseguridad, Trujillo vuelve a estar en el centro de la atención nacional. El atentado contra una sede del Ministerio Público ocurrido en enero estremeció a todo el país y recordó los días más oscuros del terrorismo. Una potente explosión en plena madrugada causó graves daños materiales y dejó a dos personas heridas, entre ellas un taxista y un vigilante.
¿Qué ocurrió tras el atentado en Trujillo?
El 20 de enero, una bomba detonó frente a una institución pública, provocando destrozos en más de 30 viviendas aledañas. La Policía Nacional del Perú actuó rápidamente y capturó a cuatro sospechosos, sin embargo, dos fueron liberados poco después. Los detenidos Erotides Eugenio Mercedes Calderón y Juan Carlos Valera Barroso habían sido internados en el penal El Milagro por nueve meses de prisión preventiva.
¿Por qué quedaron en libertad los acusados?
El plazo de prisión preventiva se cumplió y el Ministerio Público no solicitó su prolongación. La resolución que dispuso la libertad procesal fue firmada el 30 de noviembre. El abogado trujillano Alfredo Galindo, cuya vivienda también sufrió daños, sostuvo que este hecho podría revelar una grave omisión fiscal.
¿Cómo reaccionó el Ministerio Público ante la liberación?
La Junta de Fiscales Superiores de La Libertad solicitó un informe urgente al fiscal del caso para conocer los fundamentos legales que motivaron la no ampliación de la medida. Además, se pidió a la Autoridad Desconcentrada de Control investigar una posible inconducta funcional del magistrado.
¿Qué impacto dejó el atentado en la ciudad?
La onda expansiva afectó viviendas, comercios y parte de la Universidad Nacional de Trujillo, donde aún no se reponen los vidrios destruidos. Vecinos continúan temerosos mientras esperan justicia. La población exige que se esclarezcan las responsabilidades y se eviten errores procesales que beneficien a presuntos autores de este grave atentado.
