En Casa Grande, distrito ubicado en la provincia de Ascope, región La Libertad, la crisis por el acceso al agua potable ha llegado a un punto crítico. El alcalde distrital John Vargas inició una huelga de hambre en plena plaza de armas de Ascope para exigir la aprobación de un proyecto de saneamiento estancado desde hace meses. La medida busca llamar la atención sobre las graves condiciones en las que viven más de 19,000 pobladores que consumen agua no apta para el consumo humano.
¿Por qué el alcalde de Casa Grande inició una huelga de hambre?
La protesta responde a la negativa de la alcaldesa provincial de Ascope, Rosario Cortijo, de agendar el debate del proyecto de integración de Casagrande a la EPS Sedalib. El proyecto, respaldado por el Ministerio de Vivienda, busca garantizar agua potable y un sistema de alcantarillado eficiente. La falta de acción por parte de la autoridad provincial ha motivado al alcalde Vargas a tomar esta drástica medida.
¿Qué implica el proyecto de saneamiento en Casa Grande?
El proyecto contempla una inversión de 101 millones de soles para mejorar el sistema de agua y desagüe del distrito. Incluye la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y la integración al sistema Sedalib. Actualmente, las aguas servidas se vierten en canales de riego que alimentan cultivos, generando serios riesgos sanitarios.
¿Cuál es el impacto en la población de Casagrande?
Más de 19,000 habitantes sufren cortes intermitentes y acceso a agua contaminada. Casa Grande cumple con los requisitos legales para ser administrado por una EPS, pero la falta de voluntad política ha frenado el avance del proyecto. La situación afecta directamente la salud pública y la calidad de vida de la población.
¿Qué consecuencias políticas y sociales podría generar esta huelga?
La protesta ha escalado con una denuncia penal contra la alcaldesa provincial por negligencia y omisión de funciones. El alcalde responsabilizó a Cortijo de cualquier deterioro en su salud. La huelga visibiliza un conflicto político que podría generar mayor presión social y acelerar decisiones en beneficio de Casa Grande.
