A través de la Disposición N° Uno, de fecha 10 de agosto de 2021, la Sexta Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal De La Libertad, dispuso iniciar diligencias preliminares, contra la magistrada Carmencita Torres Hilario,Jueza del Juzgado Civil de Santiago de Chuco por el delito de prevaricato.
Como se recuerda la estudiante de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH), Suly Aracely Narváez Paredes inició una Acción de Amparo (Exp. 00036-2020-0-1609-JR-CI-01) ante el Juzgado Civil de Santiago de Chuco, con la finalidad de declarar nula la Resolución del Tribunal Registral N° 474-2020-SUNPART-TR-T, la misma que ordenó la inscripción de la fusión entre la Universidad Católica de Trujillo (UCT) y ULADECH.
En este proceso la Juez Carmencita Torres Hilario,de manera célere, decidió admitir a trámite la demanda y, además, declaró fundada la medida cautelar presentada por Suly Narváez Paredes, por lo que se ordenó suspender los efectos jurídicos de resolución del Tribunal Registral que ordena la inscripción de la fusión.
Según la Disposición Fiscal, la Juez de Santiago de Chuco, habría cometido delito de prevaricato, toda vez que, la conducta objeto de investigación se tipifica preliminarmente en el siguiente delito:
Artículo 418 del Código Penal – Delito contra la función jurisdiccional en la modalidad de Prevaricato:
“El Juez o el Fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la Ley o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”.
Según la Disposición Fiscal, la Juez de Santiago de Chuco habría actuado de manera manifiesta en contra del texto expreso y claro de la ley, al desconocer la naturaleza residual del proceso de amparo, además de no emplazar a la Universidad Católica de Trujillo a fin de que pueda ejercer su derecho, entre otros actos contrarios a ley. Así, la conducta objeto de investigación se tipificaría en el delito prevaricato, cuya pena privativa de la libertad es de hasta cinco años.
Diversos especialistas en la materia, coinciden en señalar que la conducta ilícita se encontraría totalmente acreditada, pues recientemente el mismo Juzgado de Santiago de Chuco ha declarado nulo todo el proceso de amparo iniciado por Suly Narváez Paredes y ha dispuesto su Archivo. Asimismo, ha dejado sin efecto la medida cautelar dictada por la Jueza Torres Hilario. Aunado a esto, el propio Tribunal Constitucional acaba de confirmar la improcedencia de una demanda de amparo iniciada por ULADECH en Chimbote y en donde pretendía, también, la nulidad de la Resolución del Tribunal Registral.
La comunidad universitaria afectada esperan que se imponga una sanción ejemplar a la juez por estos actos irregulares; además, indican que se debe investigar y sancionar a todas aquellas personas que vienen perjudicando a la institución y a los miles de alumnos que buscan continuidad en sus estudios y una educación de calidad.