Modifican reglas para la legítima defensa
El Decreto Legislativo N.° 1743 modifica el Código Penal y establece que se presumirá que una persona actuó racionalmente cuando se defienda de una agresión delictiva. En ese escenario, corresponderá al Ministerio Público demostrar lo contrario.
La disposición también elimina la exigencia de proporcionalidad entre los medios empleados por quien se defiende y los utilizados por su agresor. Además, establece que, cuando se confirme la legítima defensa, el fiscal deberá disponer el archivo de la investigación.
Esta modificación fue aprobada en el marco de las facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo mediante la Ley N.° 32743.
Endurecen medidas contra la extorsión y otros delitos
Por su parte, el Decreto Legislativo N.° 1744 incorpora modificaciones al Código Penal y otras normas para fortalecer la persecución de actividades criminales.
Entre sus principales disposiciones figura la sanción a quienes faciliten cuentas bancarias, billeteras digitales u otros servicios financieros para ejecutar extorsiones.
La norma también amplía las sanciones relacionadas con la fabricación, modificación, comercialización, utilización y posesión ilegal de armas de fuego. Asimismo, contempla castigos por presentar denuncias falsas sobre el robo o pérdida de estos objetos y por suplantar licencias.
Actualizan sanciones por ciberdelincuencia
En materia de delitos informáticos, el decreto actualiza las disposiciones legales para sancionar el acceso ilícito a sistemas, el fraude informático, la suplantación de identidad y el uso de tecnologías para cometer actividades delictivas.
También refuerza la respuesta penal frente al sicariato, el secuestro y la criminalidad organizada, además de establecer mayores restricciones para la conversión de penas.
Otra de las medidas apunta a fortalecer los procedimientos de identificación, ubicación y geolocalización de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que puedan estar vinculados con hechos delictivos.
Fuerzas Armadas apoyarán la seguridad en los penales
Entre las disposiciones también se contempla la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Las funciones autorizadas incluyen la instalación de anillos de seguridad alrededor de los penales, labores de vigilancia, patrullaje e inteligencia, así como la supervisión desde torreones y puestos de observación.
Implementarán controles y tecnología de vigilancia
El personal militar podrá apoyar en la instalación de módulos de control y revisión en los accesos a los establecimientos penitenciarios. También participará en la verificación de visitantes, proveedores y trabajadores.
En coordinación con la Policía Nacional, podrá intervenir en el control de identidad y la revisión de personas y vehículos.
Asimismo, estará autorizado para instalar y operar inhibidores y detectores de señales radioeléctricas, además de identificar y desmontar antenas, repetidores y equipos de telecomunicaciones ilegales.
Prevé acciones ante fugas y ataques externos
Las disposiciones también permiten utilizar herramientas tecnológicas para detectar, identificar e interceptar drones y otros dispositivos aéreos no autorizados.
A ello se suma el apoyo en el transporte aéreo y terrestre de personal e internos, así como en las comunicaciones y la logística necesarias para las labores de vigilancia e inteligencia.
Finalmente, las Fuerzas Armadas podrán ejecutar acciones militares ante ataques externos, intentos de rescate, fugas y otras amenazas que pongan en riesgo la seguridad de los establecimientos penitenciarios.
