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Tomás Alva Villa, presidente del Comité de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de La Libertad: «El JNE ha decidido que todos los candidatos sean admitidos y que ya en periodo de tacha sean los ciudadanos los que observen, pero eso es costoso»

Los ciudadanos que busquen impugnar la candidatura de aspirantes a gobiernos regionales o municipios deberán asumir pagos de hasta S/ 5.500, advirtió Tomás Alva Villa, presidente del Comité de Derecho Electoral y Parlamentario del Colegio de Abogados de La Libertad (CALL). Explicó que, tras la admisión de todas las listas conforme al cronograma electoral, ahora corresponde el período de tachas, mecanismo mediante el cual cualquier ciudadano puede solicitar la exclusión de candidatos por sentencias, omisiones en sus hojas de vida o incumplimientos de la normativa electoral. «Las tachas no son gratis y son onerosas», enfatizó.

El especialista precisó que presentar una tacha contra un candidato a gobernador regional o consejero cuesta una UIT (S/ 5.500), mientras que impugnar a un postulante a alcalde o regidor demanda el pago del 25% de una UIT (S/ 1.375). A su juicio, el Jurado Nacional de Elecciones optó por admitir todas las candidaturas y trasladar la revisión de posibles irregularidades a esta etapa. «Han decidido que todos sean admitidos y que ya en periodo de tacha se resuelva», cuestionó Alva Villa, al considerar que el Jurado Nacional de Elecciones trasladó a los ciudadanos la responsabilidad de detectar y denunciar las irregularidades que no pudieron ser revisadas durante la etapa de calificación. A su juicio, el organismo electoral debió ampliar el cronograma cinco o seis días más para verificar las hojas de vida y el cumplimiento de los requisitos legales antes de admitir las candidaturas.

Alva Villa también recordó que durante la campaña electoral los candidatos pueden ser excluidos por entregar dádivas prohibidas o por incumplir las reglas de financiamiento y propaganda. Además, advirtió que «todo funcionario no puede estar a favor ni en contra de una organización política», ya que vulnerar el principio de neutralidad podría derivar incluso en acciones penales. Finalmente, señaló que será la ciudadanía quien tenga la última palabra en las urnas, siempre que el proceso se desarrolle dentro de las reglas electorales.