Trujillo enfrenta un nuevo conflicto social relacionado con la posesión de terrenos en la urbanización La Perla. Más de 70 familias del asentamiento humano San Luis denunciaron que podrían ser desalojadas en las próximas horas debido a un proceso judicial que afecta a decenas de viviendas construidas hace varios años. Los vecinos aseguraron que el posible desalojo pondría en riesgo el patrimonio y la estabilidad de decenas de familias.
¿Por qué más de 70 familias podrían perder sus viviendas?
Los moradores informaron que son 76 viviendas las involucradas en este conflicto legal. Según explicaron, únicamente 37 familias lograron participar en el proceso judicial iniciado por la asociación Los Alisos del Golf, mientras que otras 39 viviendas quedaron fuera del litigio. Los vecinos señalaron que esta situación generó preocupación e incertidumbre entre los afectados.
¿Qué reclaman los vecinos del asentamiento humano San Luis?
De acuerdo con el testimonio de Ángel Pacheco, representante de los vecinos, las familias adquirieron estos terrenos hace más de 18 años, cuando el sector todavía era considerado una zona rural. Posteriormente, las viviendas fueron levantadas progresivamente por los propios moradores. Los residentes sostuvieron que ocuparon y construyeron en los terrenos durante años sin imaginar que enfrentarían un proceso de desalojo.
¿Qué ocurrió con el proceso de prescripción adquisitiva?
En el año 2012, la Municipalidad Provincial de Trujillo inició un proceso de prescripción adquisitiva administrativa para regularizar la situación de algunos ocupantes del sector. Sin embargo, no todas las familias lograron acceder al procedimiento. Los vecinos indicaron que esta diferencia dejó a varias viviendas en una situación legal vulnerable frente al conflicto judicial actual.
¿Qué medida buscan para frenar el desalojo?
Los afectados presentaron un recurso de inejecutabilidad con el objetivo de detener la medida de desalojo mientras se revisa nuevamente el caso. Los moradores esperan que el juez valore los documentos y antecedentes expuestos antes de ejecutar cualquier intervención. Las familias pidieron que se considere el tiempo de permanencia y las inversiones realizadas en sus viviendas durante casi dos décadas.
