Pobladores de 46 asentamientos humanos del sector G en Castilla realizaron una marcha pacífica frente a la Corte Superior de Justicia de Piura. La manifestación exigió el levantamiento de una medida cautelar que les impide acceder a los títulos de propiedad de sus terrenos. Esta movilización reunió a cientos de habitantes preocupados por la formalización de sus predios.
Conflicto judicial histórico
El origen del conflicto se remonta a décadas de disputa entre el Ministerio de Agricultura y los hermanos Irázola sobre la posesión legal de los terrenos. La controversia también involucra la Reforma Agraria, lo que complica la situación de los habitantes. Los pobladores reclaman seguridad jurídica para sus predios y acceso a proyectos de infraestructura.
Impacto en proyectos de saneamiento
Si se levanta la medida cautelar vigente desde 2012, 17 sectores del sector G podrían beneficiarse con el megaproyecto de agua y alcantarillado. Este avance permitiría mejorar la calidad de vida y el acceso a servicios básicos de los pobladores. La expectativa sobre la decisión judicial genera esperanza en la comunidad.
Diálogo con la justicia
Tras la marcha, el Comité Sectorial sostuvo una reunión con la jueza Zugueith Farías Coronado, acordando un pronunciamiento judicial hasta el 25 de marzo. Los pobladores esperan que este fallo permita destrabar la formalización de sus predios y viabilizar proyectos de saneamiento. La movilización refleja la unidad y persistencia de la comunidad.
