En Trujillo, la Contraloría ejecutó un megaoperativo que expuso fallas críticas en el penal de Trujillo, un problema que refleja los desafíos cotidianos de seguridad y gestión pública en la ciudad. Las deficiencias detectadas revelaron riesgos para internos, personal y visitantes. El informe consolidó hallazgos que generan preocupación inmediata por el impacto en la convivencia carcelaria y en la seguridad regional.
¿Qué fallas detectó la Contraloría en los equipos de seguridad?
La intervención mostró que varios equipos para detectar objetos prohibidos permanecieron inoperativos durante meses e incluso años. El equipo de Rayos X, indispensable para revisar víveres y paquetes, no funcionó desde hace tiempo, obligando a inspecciones manuales. Este método incrementó el riesgo de ingreso de artículos peligrosos al establecimiento penitenciario. La ausencia de mantenimiento y control reforzó la vulnerabilidad del sistema.
¿Cómo afecta el déficit de agentes del INPE al penal?
El megaoperativo también confirmó un severo déficit de personal del INPE. La población carcelaria supera los seis mil internos pese a que el penal tiene capacidad para apenas poco más de mil. En pabellones de mínima seguridad, un solo agente controló a más de mil internos, mientras que en máxima seguridad dos agentes atendieron a más de 450 personas. Esta situación generó condiciones operativas críticas.
¿Qué problemas de salubridad se registraron en el establecimiento?
El colapso del sistema de alcantarillado provocó malos olores en diversas zonas del penal, agravados por la falta de infraestructura adecuada. La presencia de roedores y moscas incrementó el riesgo sanitario. Las condiciones insalubres representaron una amenaza tanto para internos como para agentes penitenciarios. Los auditores resaltaron la urgencia de intervenciones inmediatas.
¿Qué hallazgos hubo en las centrales de monitoreo ciudadano?
La Contraloría visitó las centrales de monitoreo de la MPT y otros distritos. En Trujillo, de 65 cámaras, 31 no funcionaron. También se detectó falta de operadores por turno, lo que dejó monitores apagados durante la inspección. Algunas cámaras activas mostraron imágenes borrosas por suciedad en los lentes. Este panorama debilitó la capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad ciudadana.
