En Áncash, el panorama de la inversión pública refleja una preocupante realidad que afecta el desarrollo local y la generación de empleo. Según recientes reportes, esta región norteña se encuentra entre las últimas del país en ejecución presupuestal, y lo más alarmante, encabeza la lista nacional de obras paralizadas. Más de 190 proyectos permanecen detenidos, con una inversión superior a los dos mil millones de soles.
¿Por qué Áncash tiene tantas obras detenidas?
De acuerdo con la Contraloría General de la República, la mayoría de estos proyectos quedaron inconclusos por incumplimientos contractuales, falta de expedientes técnicos y disputas legales con las empresas constructoras. Esta situación ha frenado la mejora de servicios básicos y la infraestructura pública en provincias como Huaraz y Chimbote, donde los vecinos continúan esperando hospitales, colegios y carreteras que quedaron a medio construir.
¿Qué dicen las autoridades regionales sobre la crisis?
El consejero regional Walter Medrano reconoció que la situación es grave y que urge una intervención técnica para destrabar los proyectos detenidos. El funcionario anunció que en las próximas semanas presentarán mecanismos para reactivar las obras y revertir las estadísticas negativas que golpean la economía regional. Asimismo, enfatizó que la reactivación podría generar cientos de empleos y dinamizar la economía local.
¿Qué papel tiene la actual gestión de Koki Noriega?
Durante la gestión del gobernador Koki Noriega, también se identificaron proyectos paralizados y otros con serios problemas de ejecución. Muchos de ellos, señaló Medrano, fueron iniciados bajo sospechas de presuntos actos de corrupción que dificultan su continuidad. El reto actual del gobierno regional es limpiar la herencia de irregularidades y recuperar la confianza ciudadana.
¿Cómo impacta esta situación en el desarrollo regional?
El estancamiento de estas obras no solo implica pérdidas económicas, sino también un freno para el crecimiento social y la competitividad de Áncash. Especialistas sostienen que la falta de infraestructura adecuada limita la inversión privada y posterga el bienestar de miles de familias que aún esperan soluciones concretas.
