En Chiclayo, capital de la amistad, se desató una controversia que preocupa al ámbito judicial y a los trabajadores del sector público. El reciente concurso judicial del régimen 728, que convocó a 68 plazas, enfrenta cuestionamientos tras la aparición de denuncias sobre supuestas irregularidades. La situación generó incomodidad entre postulantes y profesionales, quienes aguardaban este proceso desde hace más de diez años.
¿Qué denuncias surgieron en el concurso judicial?
Las primeras denuncias aparecieron en redes sociales de manera anónima, señalando favoritismos y filtraciones de exámenes. Posteriormente, se recibieron quejas formales a través de los canales internos del gremio de trabajadores judiciales. Estas denuncias empañaron un proceso que prometía ser histórico por la cantidad de vacantes y por la expectativa generada tras una década sin convocatorias similares.
¿Qué señaló la Corte Superior de Justicia de Lambayeque?
El secretario general de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Luis Escajadillo, indicó que el examen de conocimientos fue elaborado por jueces y administradores de la misma institución, a pesar de los pedidos para que un ente externo se encargara de ello. Esta decisión generó desconfianza y dio pie a las especulaciones sobre posibles filtraciones.
¿Cómo reaccionó el gremio judicial ante las denuncias?
El gremio de trabajadores manifestó que no podía permanecer ajeno a los rumores y denuncias, aunque algunos carezcan de pruebas sólidas. La junta directiva analizó la situación y acordó presentar un recurso formal y un comunicado público. Su objetivo es exigir investigaciones profundas y mayor transparencia en el manejo del concurso.
¿Qué impacto tienen las denuncias en Chiclayo?
Las acusaciones generaron preocupación en los más de 2 mil postulantes que participaron en el proceso, así como en la ciudadanía que demanda credibilidad en las instituciones judiciales. El caso pone en debate la necesidad de reforzar los mecanismos de control y garantizar concursos justos que eviten favoritismos. Para muchos, lo ocurrido en Chiclayo refleja un problema recurrente en concursos públicos a nivel nacional.
