Desde diciembre de 2024, la Ley 32181, garantiza el principio de presunción de inocencia, donde la detención preliminar se da únicamente a casos de flagrancia, es decir, cuando alguien es sorprendido cometiendo el delito o inmediatamente después.
Asimismo, esta ley también busca brindar mayor protección al personal de la PNP, donde prohíbe a los órganos judiciales dictar detención preliminar o preventiva a los efectivos policiales que hagan uso de su arma de fuego de forma reglamentaria.
Ante esto, el Ministerio Público indica que estos son los delitos que no se puede solicitar detención preliminar judicial: Tráfico de influencias, corrupción contra la administración pública, minería ilegal, aportaciones ilícitas a campaña políticas, trata de personas, feminicidios, violencia sexual, conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión, organización criminal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, y otros delitos graves.
