El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundada la apelación del alcalde Arturo Fernández, confirmando su suspensión. Esta decisión, basada en el expediente 2128, valida la sesión de consejo del 20 de noviembre, dejando firme el acuerdo de suspensión. Esta medida se sostiene legalmente, a pesar de los intentos del alcalde por anularla.
Implicaciones Legales y Procedimientos Futuros
La ley peruana contempla la vacancia y suspensión por delitos dolosos. Fernández, sentenciado por difamación agravada, enfrenta consecuencias legales claras. Su comportamiento personal y las acciones durante el proceso reflejan una falta de respeto hacia la legalidad y los procedimientos municipales.
