Este miércoles 6 de julio, el Gobierno presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que sanciona la difusión de información reservada en investigaciones penales.
La iniciativa establece que cualquiera de las partes comprendidas en una investigación fiscal que difunda información reservada, será sancionado con 4 años de pena privativa de la libertad.
Esta norma fue anunciada con anticipación por el ministro de Justicia, Félix Chero, el pasado 13 de junio, quien aseguró que con la medida se busca proteger la presunción de inocencia de investigados. En ese sentido, recalcó que, en lo absoluto, se va a obligar a los periodistas a revelar sus fuentes.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ejecutivo que descarte la presentación de la norma, ya que, según la institución, afectaría la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía.
